En el primer horario de la semana del 18 de junio de 2022, la mayoría de los centenarios de activistas de Greenpeace han realizado una manifestación acuáticaen el Largo de la dársena del río Guadalquivir de Sevilla, mediante el despliegue de una pancarta flotante de 50 m2 y otras pancartas en varios kayaks.
Con las palabras “Salvar el Agua”, “Transición Hídrica Justa ya”, Greenpeace pide aquí a los diferentes partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas de mañana un cambio radical en la política de gestión del agua.
Ayer Madrid fue la sede de Naciones Unidas para hablar sobre desertificación y sequía y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncióba que su prioridad para luchar contra este grave problema será inevitable en restaurar ecosistemas. Cabe recordar que restaurar un bosque puede tardar más de 100 años en ser efectivo para retener agua y evitar la sequía.
Demasiado tiempo en plena emergencia climática. Es necesario actuar ya para abordar las causas que provocan estos impactos, como la agricultura y la ganadería intensiva e industrial, el robo de agua, la mala gestión forestal o la contaminación. De nada de esto habló ayer Sánchez.
La elección de Andalucía para esta acción no es casual. La comunidad, que hoy si se encuentra en jornada de reflexión, es una de las regiones más afectadas por la secuencia y la problemática del agua. Las cuencas en peor estado del país son las del Guadalquivir y el Guadiana, con apenas un tercio de sus reservas. Por eso, el gobierno que se conforma tras los comicios de mañana debe acometer una reforma urgente que guarice, en cantidad y calidad, el brillante presente y futuro a este recurso básico.
La ciencia advierte que, en España, como consecuencia del cambio climático, el agua cada vez es -y será- más escasa, lo que supone un problema de primer orden. Actualmente las reservas de agua están al 48,17% de su capacidad, pero de un 20% menos que la media de los últimos diez años.
A la escasez de lluvia, si suma el aumento de temperaturas que genera más evaporación, es decir, menos agua disponible. Estamos hoy mismo en una ola de calor excepcional para estas fechas. Y, por si fuera poco, sigue aumentando la contaminación del agua con vertidos urbanos, industriales y, especialmente preocupantes, los procedentes de la agricultura industrial y las macrogranjas, por su extensión y distribución difusa por todo el territorio nacional.
La agricultura y ganadería intensivas e industriales consumen más del 80% del agua dulce, y es ahí donde deberíamos empezar a trabajar para poder gestionar mejor el recurso.
“España debe repensar cuánto, cómo y para qué riega. Debemos suponer que el cambio climático ya suponga modificación en las aportaciones de agua y que los escenarios muestren posibles reducciones. Por eso debemos fijar un régimen de caudales ecológicos que garantice las necesidades de agua de las especies y los hábitats o, por el contrario, estaremos llevando en España a una situación de colapso hídrico»comentó Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace.
La agricultura estará en el sector más afectado por los efectos de la escasez de agua. Por eso, la organización remarca que es fundamental que este proceso de replanificación del uso del agua se haga sin dejar atrás a los pequeños agricultores. Sí no si hace de forma ordenada, serán las sequías o la situación de hambruna de agua las que reduzcan las dotaciones y, con total seguridad, serán las partes más vulnerables del sector primario las que se verán más afectadas. Por eso, exige que si la política del agua reoriente tenga un nuevo modelo de uso y aprovechamiento del recurso a través de una transición hídrica justa, cuyo objetivo sea la sostenibilidad en términos ambientales y sociales. Un Cambio de enfoque hacia modelos de agricultura y ganadería ecológica, de baja huella hídrica y con políticas que redistribuyan el agua disponible con criterios de eficiencia productiva y laboral.
Necesitamos reducir el regadío intensivo e industrial, acoplándolo a la disponibilidad de agua que el cambio climático ya está provocando, garantizando el apoyo a pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribyen al equilibrio territorial, al asentamiento de la población rural y al relevo generacional y colocando hasta la vulneración de los derechos humanos y laborales que a menudo ocurren en el sector.