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El oscuro futuro de la ley de servicios sociales en la Región de Murcia

Hay un axioma que establece que lo que no está en los supuestos generales no existe. Incluso cuando se trata de todo lo que tiene que ver con una agenda que tiene en el fondo los derechos de segunda generación, no son pocos los que la apoyan aunque esté en los presupuestos. los Ley 3/2021, de 29 de julio, de servicios sociales de la Región de Murcia Combina la condición de ser una buena ley, la de no tener espacio en la Ley de Presupuestos Regionales, y la de ser implementada por un Consejo, la de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Sociales, el competente para desarrollarla, de noticias, no de hechos.

La ley no habla solo del reconocimiento genérico de derechos subjetivos, sino que también establece las finalidades y objetivos del Sistema de Servicios Sociales, define sus principios rectores, identifica a los titulares de derechos, servicios y beneficios del Sistema Regional de Servicios Sociales, los derechos y deberes de los usuarios del Sistema, la elaboración de un catálogo de beneficios, que incluya como garantía la renta básica de inserción, mediación familiar, primera asistencia y acceso al sistema de servicios sociales: información, recepción, diagnóstico social, orientación entre otros, que será aprobado por el consejo de gobierno mediante decreto, o repartirá competencias entre las distintas administraciones públicas de la Región. Es decir, las promesas de la ley y, repetimos, las promesas son creíbles si se cuantifican blanco sobre negro en los correspondientes balances generales.

2022 será quizás un año perdido en la expansión y universalización de los servicios sociales en la Región de Murcia

Pero es bien sabido que a veces las mejores leyes son como los grandes conjuntos de papel maché de los éxitos de taquilla dorados de Hollywood. Puro artificio propagandístico, condenado a una efímera gloria de un par de portadas en los periódicos o en el estreno de algún noticiero o radio. Como sucedió, entre otras cosas, con el Pacto de dependencia en vísperas de las elecciones autonómicas de mayo de 2019. Cuestionado, todo son silencios y miradas al vacío, si no un bostezo de melancolía o aburrimiento, cuando es otra de las ventajas garantizadas. .

¿Y por qué, se preguntará el lector, centrarse tanto en el pasado y no mirar con confianza al futuro y las posibilidades de la Ley de Servicios Sociales? Se podría hablar del estado de ánimo de los gobernantes, pero es cierto que a veces puede resultar engañoso. Entonces será necesario mirar los aspectos cuantitativos y cualitativos, la asignación presupuestaria, los recursos técnicos y humanos, la capacidad del consejo competente para asignar recursos suficientes para desarrollar la ley. Lo que sabemos del anteproyecto de presupuesto general 2022 no nos hace pensar que exista un compromiso firme del Gobierno regional de Murcia y de la Consejería de Mujer, Igualdad, Personas LGTBI, Familia y Políticas Sociales en la implementación de la Ley de Asuntos Sociales. servicios en nuestra región. Incluso cuando se indica que su techo de gasto supera los niveles prepandémicos de 494,5 millones, debido a la llegada de fondos europeos Próxima generación, el aumento de la recaudación de impuestos y la devolución del IVA en 2017, es previsible que se produzcan recortes de personal en un departamento que ha visto mermada su plantilla por sucesivas crisis económicas y que ya no cuenta con suficientes profesionales para llevar a cabo todas las funciones, y no son pocos, que les impone la Ley de Servicios Sociales. Y esto por el truco de gastar fondos del gobierno central y europeo y no ejecutar los suyos propios para utilizarlos en la amortización de la deuda pública.

2022 será quizás un año perdido en la expansión y universalización de los servicios sociales en la Región de Murcia. Legislar por legislar a veces puede dar frutos electorales, pero también puede causar frustración. Y vivimos en una Región, no lo olvidemos, en la que es necesario alcanzar objetivos sustanciales que reduzcan la pobreza, y que den garantías y seguridad en el futuro a una parte sustancial de los ciudadanos de nuestra Región.

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