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Madrid

La Comunidad de Madrid ofrece formación sin sustento científico sobre el síndrome de alienación parental

La Comunidad de Madrid incluirá contenidos relativos al llamado síndrome de alienación parental en su oferta formativa de este año, aunque no tiene aprobación científica, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desaconseja su uso y la recientemente aprobada Ley de Infancia insta a tomar medidas en su contra.

Así constaba en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicado este martes. En su Anexo II, la comunidad incorpora formación en los juzgados sobre “injerencia de los padres”, prevista en equipos psicosociales vinculados a los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid. El curso incluye entre sus contenidos “la introducción teórica al concepto de síndrome de alienación parental y su evolución en el tiempo”.

Varios diputados de Unidas Podemos denunciaron este martes en redes sociales. Beatriz Gimeno explica hablando con infoLibre que el miércoles su grupo presentará una propuesta no legislativa pidiéndolo el uso del síndrome de alienación parental está prohibido, al mismo tiempo evaluarán la posibilidad de solicitar judicialmente la exclusión de esta formación.

Ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) incorporan el supuesto síndrome en sus listas de trastornos patológicos. Ni siquiera la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), que en 2010 se pronunció en contra de su uso, afirmando que “el síndrome representa un serio intento de medicalizar lo que es una lucha de poder por la custodia de un hijo” y subrayando que “el sesgo de género en sus descripciones es innegable“En el plano legal, además, el CGPJ ha invocado en reiteradas ocasiones su no aplicación, ha destacado su “falta de fundamento científico” y manifestado su preocupación de que “pudiera ser tomado en consideración por los órganos judiciales”.

Desde que se incorporó al Ministerio de Igualdad, Irene Montero ha arremetido contra el llamado síndrome y ha reforzado su apuesta por exiliarla de los juzgados. Así lo demuestra la reciente Ley de la Infancia: en su artículo 11.3 reclamar a las autoridades publicas adoptar «las medidas necesarias para evitar que se tomen en consideración planteamientos teóricos o criterios sin aprobación científica que supongan injerencias o manipulaciones adultas, como el denominado síndrome de alienación parental».

De momento, la autonomía que gobierna Isabel Díaz Ayuso no ha dado ninguna explicación de por qué decidió desarrollar una formación de este tipo. La región financia con dinero público la Fundación Filia de Amparo al Menor, una organización ultra que promueve la aplicación del síndrome y con la que colaboró ​​estrechamente el magistrado y exdiputado de Vox Francisco Serrano.

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