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Gabilondo incorpora a laicos católicos a la comisión que investigará los abusos a menores en el seno de la Iglesia

José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

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Con «rigor, con seriedad, con determinación y con responsabilidad, ya partir del testimonio de las víctimas» será la forma en que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, aborde on research sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, seguido de explicado este lunes en el Congreso. Gabilondo comparecido, a petición propia, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo por el corazón del trabajo realizado al momento y dando a conocer los componentes de la Comisión Asesora.

Gabilondo ha explicado que el trabajo se desarrollará en tres ámbitos de actuación: la creación de una comisión asesora de expertosun foro de diálogo con las asociaciones de victimas y el desarrollo de una unidad tecnica de atencion a las victimas y de apoyo a la investigacion.

Para este último organismo si contrata a una serie de expertos, que no si tiene concretado, y si tiene un taller en un local alquilado, busca a la sade del Defensor del Pueblo.

El objetivo es «determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto vuelva a suceder». Gabilondo ha rehusado hablar de plazos, «el enemigo mayor de esto es la precipitación», pero «in un año tendremos algo, y si no les parece suficiente seguiremos».

La participación o no de la Iglesia en la comisión y la necesidad de investigar casos de abusos de otros institutos y organismos han centrado la intervención de los representantes de los grupos políticos. Con respecto a esto último, Gabilondo ha señalado que «es muy probable que en las conclusiones suba que hay que investigar los abusos sexuales en otros campos».

En cuenta a la participación de la Iglesia, Gabilondo ha ratificado que ya había anunciado el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien afirmó al final de la última Plenaria que la institución «colaborará pero no participará» en la comisión asesora.

Gabilondo argumentó, en su respuesta a los grupos políticos, que lo que hubo es una negativa”de la Iglesia Institucional»A participar en la comisión, pero que de eso« no deduzco que no vaya a colaborar ». Además, ha preguntado, de forma retórica a los diputados presentes algunos de los cuales han criticado la no participación de la Iglesia: «¿A qué se refiere a ustedes cuando hablan de la Iglesia?». Para luego explicar que la institución eclesial es «muy plural y compleja, con posiciones muy diversas».

En ese sentido, he alabado la posición de Confer, que «ha mostrado su afán de colaborar en un comunicado reciente», o la presencia de varios católicos que «están en la comisión», porque «a nadie le hemos pedido el carné de creyente para estar o dejar de estar en ella». Entre los miembros destacan varios laicos vinculados a instituciones eclesiales como la Universidad Pontificia de Comillas o en el Consejo Diocesano de Bilbao.

Además, también destaca la presencia de Miguel García-Baró, coordinador del Proyecto Repara la oficina de apoyo a las víctimas creada por la archidiócesis de Madrid, presidida por el cardenal Carlos Osoro. «Supongo que algún obispo habrá nut el seen bueno para que esto haya podido suceder», ha añadido Gabilondo, en una velada alusión a la presencia de García-Baró en la Comisión Asesora.

Abogada en el caso Gaztelueta

Otro de los nombres, el de la abogada Leticia de la Hoz, llama la atención por su vinculación específica con uno de los casos más polémicos. De la Hoz fue la abogada de la víctima en el caso Gaztelueta, en el que fue condenado a miembro de la Opus Dei. A su vez, es también la abogada de la asociación de víctimas Infancia Robada, presidenta del padre de la víctima, hoy diputada del PSOE por La Rioja, Juan Cuatrecasaspresente también este lunes en la comparecencia del Defensor del Pueblo y encargado de representar al Grupo Socialista.

La asociación Infancia Robada se reunió con el cardenal Omella el pasado marzo para comunicarles su intención de no colaborar con la auditoría externa encargada por la Conferencia Episcopal al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. La razón de su negativa fue la vinculación del presidente del despacho, Javier Cremades, con el Opus Dei, entidad a la que acusaron de mantener una «postura negacionista, de donde domina el silencio cómplice y la revictimización».

Al mismo tiempo, la asociación que preside Cuatrecasas también defendió en ese momento a la investigadora encargada al Defensor del Pueblo, a la que calificaron de «neutral, exhaustiva y transparente». En su intervención de este lunes, ahora como portavoz del grupo socialista, Cuatrecasas ha afirmado que «vemos con muy buenos ojos el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo».

Miembros de la Comisión Asesora

Si trata de las siguientes personas, dichas por orden alfabético:

Xabier Arzoz Santisteban, Catedrático de Derecho Administrativo de la UNED y titular de la cátedra Jean Monnet Integración a través de los Derechos Fundamentales de la UE. Ha sido Letrado del Tribunal Constitucional.

Olga Belmonte Garcia, Catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de Víctimas e ilesos. Ensayo sobre la resistencia etica.

leticia de la hoz, Abogada del Colegio de Gijón y abogada rotal por la Nunciatura Apostólica. Miembro de Justice Initiative – Respuesta europea a los casos de abuso infantil.

Miguel García-Baró López, Miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y del Catedrático de Filosofía de la Universidad Pontificia Comillas. Coordinador del Proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid.

Juan Carlos González Martín, Licenciado en Derecho y Filosofía. Miembro de Eshma, organización para el acompañamiento a supervivientes de abusos sexuales, ha asesorado a instituciones religiosas en la instalación de seguros, protocolos y políticas institucionales de prevención.

Araceli Medrano Samaniego, Psicoterapeuta especialista en abuso sexual y violencia sexual. Doctora en Psicología por la Universidad del País Vasco y Profesora del Máster en Intervención y Mediación Familiar de la Universidad de Deusto.

Lourdes Menacho Vega, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. Título de Experto Universitario en Acción Socioeducativa con Infancia, Adolescencia y Juventud en Acogimiento Residencial por la Universidad de Málaga.

Paula Merelo Romojaro, autor del libro Adultos vulnerados en la Iglesia. Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de enseñanza secundaria.

María Elena Olmos Ortega, Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado y Secretaría General de la Universitat de València. Doctora en Derecho por la Universitat de València y Licenciada en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Expresidente de la Asociación Española de Canonistas.

Noemí Pereda, Profesora Titular de Victimología en la Universidad de Barcelona y Directora del Grupo de Investigaciones en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de dicha Universidad. Experta asesora de la Oficina Regional Europea de la OMS en el estudio de la violencia contra la infancia en España.

María Jesús Raimundo, Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. He sido también Letrada en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

Julián Carlos Ríos, Profesor de Derecho Penal en la Universidad Pontificia Comillas. Criminólogo. Abogado penalista y mediador en procesos de justicia restaurativa en delitos de terrorismo y en abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.

Alejandro Saiz Arnaiz, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Fue juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y miembro del Consejo de Administración de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).

Josep María Tamarit, Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y Catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya y en la Universitat de Lleida. Investigador principal de proyectos relacionados con abusos sexuales en instituciones religiosas. Coordinador y coautor de Abusos sexuales en la Iglesia Católica: análisis del problema y de la respuesta jurídica e institucional.

Gema Varona, Catedrático de Victimología y Política Criminal de la Universidad del País Vasco y codirector del Postgrado «Trabajar con Víctimas de Experiencias Traumáticas» de esta Universidad. Doctora en Derecho, diplomada en Criminología y Maestría en Sociología Jurídica. Miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Mundial de Victimología.

María Vilches Fernández, Fiscal y Letrada de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido también asesora del Ministerio de Justicia.

Ana Laura Zugaza Aizpuru, Diplomada en Magisterio y Licenciada en Psicología y Teología. Profesora del IES Bertendona de Bilbao, se dedicó a su vida a la educación. Ha sido miembro del Consejo Diocesano de Bilbao. Miembro de la Asociación de Teólogas Españolas.

Además, también participarán el propio Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujolel complemento primera, Teresa Jiménez-Becerril Barrioy la segunda adjunta, Patricia Bárcena García.

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