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Bilbao

El Congreso aprueba investigar la pederastia en la Iglesia con el único rechazo de Vox

La Iglesia católica deberá someterse al escrutinio del Defensor del Pueblo, institución que investigará la pederastia clerical. Habrá la entidad directa para Ángel Gabilondo que se encargará de las consultas de peritos sobre la base del supuesto.

Al mismo tiempo, la jerarquía católica y representantes de las órdenes religiosas no podrán eludir declarar, mientras que las víctimas que lo deseen podrán comparar en el Congreso de los Diputados para dar publicidad a su testimonio.

La iniciativa surgió adelante en el Congreso de los Diputados con el voto favorable de las causas de los grupos parlamentarios, salvo Vox, solo fuerza que votó en contra al considerar que el supuesto debe abstraerse de la esfera política para ser abordada por los jueces .

Por 286 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones de UPN, la propuesta de ley del PSOE y el PNV obtuvo el plácet del pleno de la Cámara baja.

El PP se salió de la guía redactada para el mandato de Pablo Casado y secundó la iniciativa, para sopesar los populares están decididas de que se investiguen todas las agresiones sexuales contra la infancia, y no sólo las perpetradas por el clero. Podemos, ERC y EH Bildu se sumaron al acuerdo, y aseguraron que el PSOE ha aceptado que la comisión tenga poderes para obligar a los obispos a comparar.

Las fuerzas a la izquierda del PSOE argumentan que los socialistas se han avenido a crear algo parecido a una comisión de la verdad. «Hoy para nosotros es un día importante en la lucha contra la impunidad porque finalmente habrá luz y taquígrafos, no habrá una comisión opaca porque el Congreso tendrá protagonismo y no será un mero par», aseveró el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaime Asens.

La portavoz de Bildu, Bel Pozueta, se felicitó de que se vaya a «abrir el camino para la reparación, algo que han demandado todas las víctimas». Según la versión de UP, el Gobierno de coalición alumbrará un marco legal para evitar que la Iglesia católica pueda zafarse de los requisitos de la comisión. «La verdad más rigurosa» Sin embargo, los socialistas rehúsan que se hable de «comisión de la verdad».

La exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que dialoga con Unidas Podemos se limita a que puedan comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso portavoces de las asociaciones, pero no víctimas a título personal, cuyo testigo será escuchado por los expertos.

«La verdad más rigurosa será la que acaben dictando los tribunales mediante sentencias», sentenció Calvo. Los partidos que apuestan por dotar de facultades especiales a la comisión pretenden que el organismo elabore conclusiones en un plazo menor de año y que las recomendaciones sean presentadas después por Ángel Gabilondo en la Cámara baja.

En todo caso, si se quieren conceder poderes ejecutivos a la comisión, será necesario aprobar un marco legislativo ‘ad hoc’. UP dice que la cuestión se aclarará la semana que viene, pero Calvo aduce que la propuesta votada no puede cambiar la ley orgánica ya en vigor que regula las funciones del Defensor del Pueblo ERC y EH Bildu con el PSOE.

Su orador, Aitor Esteban, expresó su extrañeza por no haber sido consultado. Pese a haber votado a favor de la iniciativa, Macarena Montesinos, del PP, se mostró desagradecida por el rechazo de su propuesta, en el sentido de que se indaguen las agresiones sexuales infantiles acontecidas en el ámbito intrafamiliar, deportivo y escolar.

Vox argumenta que el Defensor del Pueblo es un organismo inadecuado para estudiar el problema por sus competencias si hay una fiscalización de la administración pública. El diputado de la formación ultraderechista José María Sánchez argumentó que la cuestión, relativa a «una cuestión de mayor gravedad moral», debe ser dirigida caso por caso en los tribunales. Sánchez confió en que el informe encargado por la Conferencia Episcopal a un despacho de abogados «repare íntegramente a las víctimas».

El mismo día que el Congreso decide crear la comisión contra la pederastia clerical, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunía con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, para abordar la cuestión. “Es positivo que la Iglesia colabore en la investigación de los abusos. Es bueno para las víctimas, para la sociedad en su conjunto y para la propia Iglesia católica”, dijo el ministro a través de un comunicado.

La Conferencia Episcopal dará mañana versión sobre el asunto. En todo caso, la jerarquía católica, que dice que colaborará con las instituciones, ha apostado por encargar al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo una auditoría externa para exclarecer el escándalo.

El propio episcopado no es ajeno a tensiones internas y criterios discrepantes sobre la op fortuna de someterse al escrutinio. No en balde, algunas voces hablan de «causa general» contra la Iglesia. Manuel Barbero, de Mans Petites, aseguró que la comisión «si aleja un montón de la comisión de la verdad» que pidió la asociación. «Nosotros utilizamos un planteamiento mucho más ambicioso, solicitamos un órgano similar al creado en Australia, Alemania y Francia. Estoy enfadado e indignado», dice.

Barbero, padre de un hijo que fue víctima de abusos sexuales en el colegio Maristas de Les Corts, será citado a las Cortes Generales para declarar, como hablará también con el despacho de abogados contratado por la Iglesia.

El hijo de Barbero «permanece encerrado en su habitación» nueve años después del trauma. Su agresor fue condenado a 21 años de prisión, pero permanece en libertad a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo. «Es un hito histórico», dice eufórica Ana Cuevas, madre de ‘Asier’, el menor que sufrió abusos en el colegio Gaztelueta, del Opus Dei, en Bilbao.

«Es un inicio. Espero que por fin la Iglesia colabore. Pedimos verdad, justicia, reparación y acompañamiento a las víctimas», afirma Cuevas, quien aplaude que sea el Defensor del Pueblo el que se encargue de las investigaciones.

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