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Una iniciativa que genera dudas Mireia Rourera | barcelona | Sociedad

«El PSOE y la Iglesia se reunieron para inscripciones y ahora una comisión controlada por ellos se quita el sombrero»

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“El Defensor del Pueblo no tiene las competencias ni el presupuesto adecuados para poder hacer funcionar una comisión de pedofilia en la Iglesia Católica y llegar hasta el final”, dijo Miguel Hurtado, una de las víctimas del monje de Montserrat Andreu Soler. «Una comisión real debe tener los recursos para investigar a decenas de miles de víctimas, como lo han hecho en Irlanda, el Reino Unido y Australia». Quiere «una comisión creada específicamente para esta tarea, con una excelente selección de investigadores y recursos para poder investigar sólo durante los años necesarios». «Y el ombudsman no puede hacer eso», dijo. Y denuncia que, además, el Defensor del Pueblo “no tiene potestad jurídica para requerir la colaboración de las instituciones eclesiásticas investigadas; no puede obligar a los obispados a entregar el archivo canónico, en el que están documentados todos los casos de pederastia clerical”. Miguel Hurtado también cree que el defensor del pueblo del Estado, Ángel Gabilondo, “no puede ser imparcial”, ya que había sido religioso del Sagrado Corazón y profesor de religión y letras en los colegios que esta orden tiene en Vitoria- Gasteiz y Madrid entre 1970 y 1978, exactamente en las mismas fechas en las que «hubo abusos sexuales, según el listado elaborado por el diario pueblo y que fue donado al Papa Francisco”. «Entonces nos llamó la atención La voz del puebloen las escuelas, y ¿cómo sabemos si Gabilondo no lo sabía en ese momento?”, se pregunta Hurtado.

Coincide Manuel Barbero, padre de una de las víctimas del exprofesor de educación física Joaquín Benítez, del colegio Maristes Sants-les Corts. Lamenta no haber seguido adelante, como había dicho que haría, con la comisión del Congreso, que sería “la que podría llegar hasta el final, reparar a las víctimas, regañar y sacar los colores de la Iglesia y pedir responsabilidad”. También que el PSOE acaba apostando por una comisión liderada por el Defensor del Pueblo («lo que genera dudas, porque en el pasado fue religioso y durante muchos años») con expertos «decididos por ellos». Barbero se queja de que nadie se ha puesto en contacto con las asociaciones de víctimas, defiende que son las víctimas las que deciden los peritos que deben investigar todos los casos y cree que el PSOE y la Conferencia Episcopal Española han hecho un pacto». Hace unos días Pedro Sánchez se reunió con el cardenal Omella por el tema de inscripciones, ¿no?, ¿y ahora están sacando una comisión de la chistera que van a manejar y controlar? Pues no creo, esa comisión”, dice Barbero, convencida de que había “u No hay intercambio de cromos «entre el PSOE y la CEE».

Otra víctima de abuso sexual por parte de un capellán, Esther Pujol, vecina de Bellcaire d’Empordà, no está en contra de la comisión liderada por el defensor del pueblo, pero pide que sea muy exigente con los miembros que necesitan para formar parte de «ser independientes y pide que no se prescriban estos delitos, porque muchas veces las víctimas, como le sucedió a ella misma, recuerdan los hechos o se dan cuenta de lo que les sucedió muchos años después. “Tenía amnesia y cuando me di cuenta de lo que me había pasado ya estaba prescrito el delito”, dice. Ella es una de las pocas mujeres que informó haber sido víctima de un miembro de la Iglesia; en su caso, cuando solo tenía diez años. Denunció a Josep Planes Planes, el cura de Bellcaire, en 2016, cuando ya estaba muerto, pero después de ir a hablar con él y grabar la conversación. “Ahora sé que hay al menos otras cinco niñas que también han sido sus víctimas, pero no se atreven a decirlo”, dijo, por lo que considera tan importante que esta comisión tenga los recursos y el tiempo para investigar. .

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