Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español han interpuesto recurso administrativo-contencioso ante el TSJC contra el acuerdo del gobierno para ayudar a los profesores de los colegios catalanes a preservar el modelo de inmersión en lengua catalana con todos los medios legales a su alcance.

En un comunicado, ambas organizaciones a favor del bilingüismo en las escuelas catalanas informan que la interposición del recurso se debe a que el acuerdo «favorece el incumplimiento de las sentencias» del Tribunal Supremo y del TSJC sobre la lengua en la educación en Cataluña. .

También entienden que el mismo acuerdo «protege conductas manifiestamente ilícitas y amenaza a quienes defienden el bilingüismo, utilizando la administración regional para fines específicos de CER y lejos de la imparcialidad que se exige a la administración pública en un estado de derecho».

Las entidades consideran que el convenio es «nulo» porque se emite «por violación de un juicio firme (se brinda asistencia legal gratuita a los maestros y directores que no cumplen con el fallo del TSJC sobre el lenguaje en la educación) y» para asignar dinero para fines privados «.

Convivencia Cívica y Hablamos Español consideran «muy grave» que la administración de la Generalitat y sus recursos se utilicen para «socavar a las entidades que defienden los derechos de los hispanohablantes con acciones de todo tipo» y para «pagar la defensa de quienes decidan violar sentencias firmes, ya que constituye un grave atentado al estado de derecho ”.

Por ello, piden al TSJC que declare nulo el convenio y advierten que el recurso de casación es un «paso previo» para pedir responsabilidad penal si con dinero público se destina a financiar incumplimientos de condenas o coacciones de organizaciones que defienden derechos de los españoles. -relacionadores en Cataluña ”.

En palabras de Ángel Escolano, presidente de la CCC, «el gobierno de la Generalitat entra en una espiral totalitaria cada vez más preocupante».

«Parece que piensan -agregó- que la administración regional es un quiosco a su disposición de lo que pueden tener para sus fines particulares y políticos, ignorando que, en un estado democrático y de derecho, tienen la obligación de actuar con imparcialidad y fomentar el cumplimiento de las sentencias de los tribunales, no al revés «.

En la rueda de prensa posterior a la reunión ejecutiva catalana del 4 de enero, la portavoz del gobierno Patrícia Plaja anunció que el gobierno catalán «protegerá» a los profesores y otras personas por todos los medios legales a su disposición. centros que mantienen el modelo de inmersión lingüística ante posibles «ataques ilegítimos».

El portavoz indicó que los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la administración de la Generalitat ya estaban a disposición de estos trabajadores, pero dijo que el presidente, Pere Aragonès, quiso «institucionalizar» su compromiso con el profesorado y con la escuela catalana dándole la forma de un acuerdo gubernamental.

En concreto, el convenio prevé la «protección jurídica» de los docentes y directivos frente a «ataques ilegítimos y asunción de responsabilidad», ya sean de «carácter político, penal, administrativo o de otra índole».

En este sentido, el documento aprobado por el ejecutivo catalán prevé «responsabilidades exigentes» ya que corresponden a «todas aquellas personas o entidades» que atacan a personas o colectivos «para la defensa y uso del catalán» en el ejercicio de sus funciones.