La exministra de Educación, Irene Rigau, se ha comprometido a agotar todos los plazos para llegar a junio sin tener que aplicar la sentencia que establece un 25% de castellano en las aulas. Cuando se le preguntó si el Departamento debería desobedecer, respondió que no sabía qué hacer «pero decir (desobedecer) ciertamente que no». En declaraciones a La2 y Ràdio 4, defendió que el planteamiento de los porcentajes es «anacrónico» y rechazó que el español no esté presente en la educación o que haya una norma que niegue su presencia. Agregó que si se va a deletrear, se debe hacer. No obstante, defendió que el catalán es la lengua «de uso preferente» e insistió en que es la lengua minoritaria en la sociedad. Rigau se queja de la «dimensión política» del tema.

El exministro valoró que la decisión del tribunal se basa en una visión «enciclopédica» de la educación que no se corresponde con la realidad. En cuanto a las declaraciones, asegurando que la nueva ley de Celaá protegía el buceo, valoró que lo ocurrido con la norma es una cuestión de «truco», pero que el artículo sigue diciendo que los alumnos tienen derecho a recibir instrucción en español. Por eso, afirmó que habrá que ver cómo se administra este precepto. En todo caso, rechazó que esto pudiera traducirse a un porcentaje del español.

También se quejó de que se ha creado la imagen mental de que el catalán es la lengua que se usa «exclusivamente» en las escuelas, cuando la ley dice que es la lengua que se usa «normalmente». Por eso, defendió que no hay ningún texto que niegue que el español tenga presencia en la educación.

Sobre el origen de la disputa, afirmó que hay una dimensión política, que quienes iniciaron las reivindicaciones son familias de habla hispana sin problemas para aprender esta lengua, y lamentó que no todos los que vinieron a vivir a Cataluña admiten que hay su lengua y cultura. «Y cree que lo que lleva puesto es superior», dijo.