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Barcelona

Más de 200 abogados de Barcelona se oponen al manifiesto contra la inmersión

Más que 200 miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), en concreto 218, respondió este domingo al polémico manifiesto de la sección de derecho constitucional del mismo Colegio donde se dio apoyo a la sentencia del TSJC que te obliga a tocar el 25% de las horas lectivas en español en Cataluña. En este nuevo manifiesto, los 218 abogados muestran su «profundo rechazo a una declaración estrictamente política alineada con las tesis ultranacionalistas españolas que tanto han contribuido a vaciar el contenido de las palabras» Constitución «y» constitucionalista «que dicen defender».

Al mismo tiempo, los juristas se sorprenden por la «falta de contenido legal» del ultramanifiesto, con «la utilización de los comunicados de prensa del ICAB para transmitir opiniones políticas», al tiempo que se recuerda «que no es la primera vez» y la ruptura del principio fundamental de «respeto a la presunción de inocencia».

Los letrados continúan lamentando que el hecho de que el Directorio del ICAB no haya emitido ninguna declaración de rechazo al ultramanifiesto provoque «la confusión de la parte para el todo» y que reprochen que, «así, la declaración de la Sección de Derecho Constitucional, hay una declaración política respaldada por el ICAB ”.

Finalmente, estos juristas piden respetar los principios rectores de la profesión y, dirigiéndose directamente al directorio del ICAB y al decano, María Eugenia Gay, el rechazo inmediato del tono y contenido de la declaración.

Este es el manifiesto y sus signatarios:

Ultra manifiesto

Todo se remonta al viernes pasado cuando el Sección de derecho constitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha publicado un comunicado contra el Gobierno por su respuesta a la imposición del 25% del castellano en los centros educativos y por la supuesta «desprotección» de la familia de los Canet de Mar

En el comunicado, la sección, que preside el abogado Francisco Chamorro Bernal, acusa al presidente Pere Aragonès y el Ministro de Educación, Josep González Cambray, «para negarse públicamente a cumplir la sentencia» en una asignatura curricular, aparte de la del idioma, «además de apoyar al equipo directivo de la escuela Canet de Mar».

La sección también acusa al Gobierno de «no haber mencionado nada sobre lo ocurrido con Canet de cinco años, en el que, en las redes sociales, propuso aislar a su clase y apedrear su casa». Y sostiene que “este apartado de derecho constitucional entiende que la actitud adoptada por las autoridades de la Generalitat es de extrema gravedad y atenta directamente contra el principio del Estado de Derecho”. E incluso se le acusa de no proteger a los menores en la escuela de Canet, asegurando que «en una democracia avanzada como la nuestra se debe garantizar la protección plena de los menores frente a todas las formas de violencia y victimización secundaria».

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