El Consejo de Órganos del Tercer Sector Social insta al Gobierno a detallar las políticas sociales para el próximo año, con el fin de «pasar de las buenas intenciones a la actualización». La plataforma, que incluye a más de 3.000 entidades sociales, convoca acciones «para obtener un acceso real a los derechos sociales de las personas en situación de vulnerabilidad». En este sentido, la Junta Directiva ve la necesidad de ampliar el plan de choque laboral con medidas de largo plazo y también pide una revisión de las condiciones de la renta ciudadana garantizada. Por ejemplo, pide flexibilizar las condiciones de acceso a este beneficio, coordinarlo con la renta mínima de subsistencia y compatibilizarlo con las ayudas para el acceso a la vivienda.

También en el ámbito de la vivienda, la Mesa celebra los avances de los últimos años, y cita como ejemplo la ampliación de programas como ‘Reallotgem’ o el lanzamiento del Plan Territorial Territorial de Vivienda. Sin embargo, lo considera «insuficiente». «La crisis de la vivienda es extremadamente grave y ahora se están pagando las consecuencias de años de políticas de vivienda prácticamente testimoniales», dijo la plataforma en un comunicado.

En materia de empleo, el Ayuntamiento agradece la iniciativa del Gobierno de impulsar un plan de choque de fomento del empleo, dirigido a jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, personas con discapacidad o trastornos mentales. Pese a ello, sostiene que este plan debe ir más allá de la urgencia y pide medidas que impliquen cambios «profundos y estructurales». También destaca la necesidad de recuperar los 86 millones que el gobierno español dejó de invertir el año pasado en políticas activas de empleo.

Otro pedido del tercer sector social es la concreción de cómo y cuándo se implementará el plan de rescate incluido en el Plan de Gobierno, que no está incluido en los presupuestos 2022. También quieren que se ponga en marcha el segundo Plan Estratégico de servicios sociales. , pendiente durante el 2021, y que implica su modernización y «dignidad».

Paralelamente, el Consejo insta al Gobierno a actualizar el IRSC (Índice de Suficiencia de Ingresos) según la necesidad, urgencia y costo de vida vigente, ya que este indicador no ha sido revisado desde hace 10 años y es la referencia para evaluar si una persona puede tener acceso a beneficios sociales. En términos de tecnología, los organismos están pidiendo un plan para combatir la brecha digital para evitar que las familias sin conexión a Internet.

Finalmente, el Consejo pide avanzar en la aprobación de la Ley del Tercer Sector Social, que considera «necesaria para su fortalecimiento y reconocimiento como agente de servicio público que está respondiendo a las graves consecuencias sociales de la pandemia». Solicitud a la que se suma la solicitud de mayor financiación.