Tras el conflicto de sucesión, el régimen borbónico habría reducido Cataluña a la condición de simple provincia de la nueva monarquía española. Después de más de dos siglos, cuando Cataluña recuperó el autogobierno (1931), el Parlamento empezó a asumir las funciones de representación política de la sociedad que habían tenido las Corts.

En esos tribunales de 1705 se acordaron una serie de medidas políticas, económicas y sociales de gran importancia. En el plan económico se acordó crear el Empresa Náutica Mercantil y Universal, participó con capital mixto -público y privado-, que iba a consolidar los ejes comerciales de las colonias Cataluña-Holanda-Inglaterra y Cataluña-Hispánica de América. Además, el número de buques mercantes catalanes permitió comerciar libremente con las colonias hispanas de América sin tener que pasar por el cuello de botella de la Casa de alquiler de Sevilla. También se decidió abolir los impuestos a la entrada de productos extranjeros en Cataluña que imponía la administración hispana.

A nivel político, se decidió reforzar la independencia judicial catalana; derogar la ley que permitía alojar a las tropas hispanas en domicilios particulares catalanes; promover una campaña militar para recuperar los condados de Rosellón y Cerdanya; reconocer la existencia de Conferencia de los Tres Municipios (Tribunales Permanentes) como órgano consultivo y de control de la Corona Hispánica en Cataluña; y excluir para siempre a los Borbones del trono de la Corona catalán-aragonesa. Y en el plano social se acordó, entre otras cosas, que los funcionarios del rey hispano dejaran de tener jurisdicción sobre los habitantes del Principado, lo que pasa a ser competencia exclusiva de los funcionarios de la Generalitat y de las Cortes catalanas.