Se debe mantener la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona. Este es el consenso político que ha expresado de forma conjunta este miércoles el Ayuntamiento de la capital Catalana y los otros cuatro consistorios metropolitanos incluidos en la ZBE y la Generalitat. El problema es que la ZBE no está en manos de la política, hasta la justicia, en el Ayuntamiento de Barcelona ha acusado de anular la medida por «ideología».

More allá de reafirmarse en su voluntad política de mantener la ZBE, la comparecencia de las administraciones afectadas por el fallo judicial sirvió para el consistorio barcelonés criticara a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que el lunes anularon la medida anticontaminación. “La sentencia incorpora más elementos políticos e ideológicos que jurídicos”, expresó la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz.

“Respetamos las resoluciones judiciales aunque no las compartamos, y estamos de acuerdo en que la transición ecológica que ser justa”, ha manifestado la teniente de alcaldía de transición digital y movilidad, Laia Bonet. El representante socialista ha rebajado las críticas de Sanz (comuns) a los jueces, y ha alegado que precisamente para cumplir con el objetivo de que la ZBE no tuviera un gran impacto en las clases bajas el Ayuntamiento estableció moratorias a vehículos contaminantes y subvencionó tarjetas de Transporte público en Cambio de Desguaces.

Otro punto de desencuentro entre comuneros y socialistas es la inclusión de la mayoría de vehículos vetados en la ZBE. En este sentido, Bonet ha reafirmado que, en contra de las intenciones de los comuneros, los vehículos con etiqueta amarilla de la Dirección General de Tráfico (DGT) no se ejercerán de forma inmediata en la DGT.

Los representantes de las administraciones han reconocido que la sentencia es contraria a la obligatoria anticontaminación que procede de la Unión Europea y que han hecho que 300 grandes ciudades del continente aprobaran una ZBE similar a la de Barcelona. “La sentencia va más a un análisis jurídico del expediente, y eso nos preocupa”, dijo el director general de calidad ambiental y cambio climático de la Generalitat, Marc Sanglas.

La ZBE entró en vigor en enero de 2020 sin oposición política. Sólo el PP, Ciudadanos y Barcelona pel Canvi –el partido de Manuel Valls– si se abstuvieron. A favor voten, además de los comunes y el PSC, ERC y Junts. La medida cuenta con el respaldo de los otros cuatro ayuntamientos de la conurbación barcelonesa incluidos en la ZBE -Sant Adrià del Besòs, L’Hospitalet, Esplugues y Cornellà de Llobregat–, el propio AMB y la Generalitat.

El Gobierno Catalán tiene más de 50.000 habitantes en una zona de Bajas Emisiones antes de 2023– y tiene un umbral en 20.000 habitantes. La sentencia ha generado preocupación en el Govern y los municipios, que quieren blindar las ordenanzas para que la Justicia no tumbe las nuevas ZBE.

Además de asegurar que los datos del parque móvil no estaban «actualizados», el TSJC anuló a la ZBE por considerar que el Ayuntamiento no calculó el impacto de la medida en los propietarios de vehículos contaminantes que se vieron obligados a cambiarlos. A consideración de los jueces que choca con lo que precisamente aducían las memorias justificativas del Ayuntamiento, que recordaban que la ZBE no afecta «en gran medida» a las clases sociales más bajas porque los más desfavorecidos no suelen usar el coche para desplazar, hasta el transporte público.