El juez acusa a la ministra de Agricultura de Andalucía en el caso de las presuntas picaduras del PP de Almería
El juzgado de instrucción del caso Hispano Almería, en el que se investiga la presunta manipulación de contratación pública a cambio de picaduras en Roquetas de Mar, La Mojonera o la Diputación de Almería, ha llamado a Carmen Crespo, actual concejala de Agricultura de la Junta de Andalucía. La acusación de Crespo se produce por su participación como presidente de la Asociación de Promotores de Turismo de Occidente en la gestión de subvenciones en La Mojonera, como lo demuestra un informe de la UDEF incorporado a la demanda en septiembre de 2020.
El juez desgarra el caso de las presuntas comisiones dirigidas a políticos, técnicos y campañas electorales del PP en Almería
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La orden del Juzgado de Instrucción 3 de Almería, adelantada por El País y al que ha tenido acceso este medio, cita como sospechosos a Crespo y otras 19 personas, algunas de las cuales ya habían sido citadas previamente en el caso. Es el caso, por ejemplo, de José Cara, ex alcalde de La Mojonera, previamente imputado y una vez designado presidente del Instituto Andaluz de Agricultura, cargo en el que dependía de Crespo. Fue despedido en enero de 2021.
En el caso de Crespo, la aparición está prevista para el próximo 8 de abril, a las 11:30 de la mañana. Sin embargo, es poco probable que esto suceda, ya que Crespo está certificado por su condición de consejero ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El Museo Agrícola de La Mojonera
La jueza Ana María Vico investiga la presunta comisión de delitos contra las autoridades tributarias, blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, prevaricación, extorsión, tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas con autoridades o funcionarios y de organización y grupo delictivo en varios municipios gobernados por el PP en la provincia de Almería.
Da cuenta de ello con un amplio informe en el que la UDEF documentó la existencia de recibos de los que se deducía la existencia de comisiones ilegales pagadas por la constructora Hispano Almería a técnicos municipales y cargos políticos del PP de Roquetas de Mar, Níjar, Carboneras. , Vícar, La Mojonera y Diputación de Almería. Según los investigadores, parte de esos mordiscos se utilizaron para financiar las campañas electorales del PP de Almería, liderado en ese momento por Gabriel Amat, también alcalde de Roquetas de Mar. Sin embargo, Amat nunca fue llamado a declarar como sospechoso. Este es un caso que ha avanzado muy lentamente desde que comenzó hace más de ocho años.
El informe de la UDEF desvela, entre muchos otros, el dossier para la construcción del «Museo Agrícola», financiado por el programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21. Según los investigadores, Crespo (entonces presidente de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente, en su capacidad como alcalde de Adra) presentó carta en 2008 enviando la solicitud de ayuda y el informe de apoyo al proyecto “Estrategia de turismo sostenible para la comarca de Poniente Almeriense”.
Como parte de esta estrategia, que contó con un presupuesto total de 3,4 millones de euros, se planificó un Museo Agrícola, que finalmente se incluyó en el plan de acción un año después. Su coste: 500.000 euros, de los cuales 343.000 (68,7%) subvencionados.
En 2011 se inició el trámite de la contratación de obras, adjudicada en mayo de 2012 a una UTE de la que formaba parte Hispano Almería. Sin embargo, la UTE no presentó la documentación necesaria y terminó perdiendo el premio. Siete meses después, el auditor revisa la cuenta de apoyo a la subvención para este proyecto y sus objetos. Específicamente, indica «pagos que no pudo verificar». Además, el informe del contrato de obra también fue censurado por el auditor, a pesar de que el alcalde (José Cara) aprobó el contrato con un procedimiento negociado sin publicidad.
Crespo había dejado de ser alcaldesa de Adra en diciembre de 2011, cuando fue nombrada delegada del gobierno.
Pacto PP-Ciudadanos: «Separación inmediata» de los cargos públicos imputados
La acusación de Crespo choca con su condición de persona certificada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y este es el organismo que podría llamarla a declarar. Sin embargo, tiene el potencial de abrir una vía fluvial en la coalición gobernante PP-Ciudadanos.
El estatuto de lo popular recoge, en su artículo 22, que cuando el partido conoce que un «afiliado» está llamado a declararse investigado, la Comisión de Derechos y Garantías abre un expediente de información, que pasará a ser disciplinario en caso de un abierto juicio oral. Sólo en «casos de flagrantes delitos de corrupción», el comité «en consideración de la gravedad de los hechos puede decidir la suspensión de funciones o membresía».
Sin embargo, el pacto de gobierno PP-Ciudadanos es mucho más severo, y prevé como segunda medida la «tolerancia cero a la corrupción»: «Ciudadanos y el Partido Popular apuestan por la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como regionales». locales, que hayan sido o estén formalmente imputados por delitos de corrupción, hasta la decisión final del órgano judicial «.
